La situación social en México tiene síntomas graves de descomposición, hay situaciones diarias y cotidianas que así lo hacen notar. No sólo el comportamiento del Gobierno sino de todas las autoridades del país nos llevan a esta situación. Eso se permea a la sociedad, que cuando sienten que la autoridad no cumple con lo que se le encomendó y trata de perjudicar a los demás. Eso nos está llevando a un terrorismo de clase social.
Ejemplos de los anterior hay muchos, por falta de espacio solo se tocarán algunos, pero ellos son clave para entender la descomposición en la que nos encontramos como nación y como eso nos lleva a reacciones violentas en varios grupos sociales. El primer ejemplo pertenece al área de la macro economía pero que redunda directamente en descontento social, aunque no se tenga un saber profundo en el área. Cuando se aprobó el paquete fiscal para el presupuesto del año 2010 se hizo notar que abría un “boquete” muy grande entre ingresos y egresos, su solución: aumentar impuestos para que la población pague ese “hoyo económico”.
Es para todos conocido los altísimos salarios de los funcionarios de Gobierno, inclusive, alcanzando niveles exorbitantes como las remuneraciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es justo que un asistente cobre entre doscientos mil y trescientos mil pesos mensuales. ¿Dónde radica la injusticia?, muy simple: en que el salario mínimo en México es de cincuenta y siete pesos diarios, en algunos casos más de ocho horas de trabajo. Todo ello con los impuestos que paga el pueblo.
Los salarios gubernamentales están fuera de toda proporción, la economía del país no puede aceptar una sangría de esa manera. Hay otras áreas donde se necesita mayor atención y eso no sucede, aquí radica el inicio de la descomposición social, al comparar la situación de los funcionarios públicos con la propia de cualquier ciudadano. La población trabaja mucho y apenas tiene lo necesario, ellos cobran mucho y la realidad nacional es que parece que no trabajan.
Esta impunidad económica se junta con al menos dos situaciones más que obligan a la población a actuar conforme a la “ley de la selva”, sin marco legal que respetar y actuar solo en beneficio propio y de su familia, no importando si hay violencia. Nace la impunidad social, cada quién hace lo que se le parece, comienza la organización para delinquir al darse cuenta que las autoridades judiciales y policiales no hacen adecuadamente su trabajo aunque cobren mucho dinero mensual. El crimen organizado (en muchas facetas no solo en el narcotráfico) es parte activa de la economía del país, los tratos ilícitos están en todos los niveles.
La incapacidad intelectual de los funcionarios de gobierno los lleva a la otra área que demuestra los niveles de descomposición social en los que vivimos: la corrupción. La burocracia actúa conforme a intereses económicos, siempre y cuando los pueda mejorar tendrá su actuación como funcionario, por lo tanto esta aliado con quienes lo pueden corromper. Él no defiende a quién votó por su ideología sino a quien puede comprar su conciencia con algún beneficio o prebenda económica o de otro tipo.
El crimen organizado y la inseguridad que ello representa ante la población es algo que institucionalmente ha ido creciendo con el tiempo, Gobierno que lo ha dejado crecer con omisiones. Ahora la sociedad se encuentra sin protección, acorralada en lo económico: mucho trabajo, poca paga. Acorralada en lo social ante la corrupción: si no tienes dinero, te jodes y además, cercada en lo judicial: sin acceso a una justicia equitativa o mínimo a la seguridad personal. Es un hecho la sociedad esta buscando salidas.
El título de esté artículo es sobre terrorismo social y éste son esas prácticas sociales para hacerse escuchar, los “petardazos” en las últimas horas del año 2009 están ubicados en ese sentido. También el incendio de varios automóviles y la explosión de un artefacto en la Delegación Coyoacán del DF, por la zona de la carretera al Ajusco. Sin embargo, estamos en un periodo de aprendizaje, ya que México no tiene cultura del armamento y menos a nivel social, por ello lo mínimo de los daños.
Hasta ahora han sido artefactos sin poder de detonación, solo han sido vidrios, muebles, fachadas y automóviles cercanos al lugar de la explosión. Los daños no fueron considerables; pero esos no son los únicos casos de terrorismo social. Ahí se inscriben los robos a trenes con alimentos, un saqueo total pero de trigo, maíz y otros alimentos básicos para la población. Se habla de armas si, pero también se menciona gente del pueblo ejecutando la acción. La población esta buscando salidas a su desesperación, no importando si perjudican a otro, en este caso algo de lo robado se come pero lo demás se vende o se utiliza para satisfacer necesidades.
Los linchamientos son un ejemplo vivo del llamado terrorismo social, cada vez más se recurre a esta práctica para hacerse justicia, ya no por “propia mano”, simplemente hacer justicia entre ellos, porque saben que la Procuraduría no lo hará. Ha habido casos en que siendo liberados por la policía del linchamiento, a las pocas horas están libres, aún cuando fueron tomados en flagrancia del delito. La gente quiere justicia y la va a tener aunque sea por “propia mano”, ello porque no se puede confiar en la autoridad responsable de aplicar la ley.
Así, esas salidas a la problemática nacional se volverán cada vez más violentas por parte de grupos sociales completos, tendrán que buscar una posición ante la sociedad, cosa que el Gobierno le ha negado por siempre. Ojala no encuentren la fórmula para mezclar productos químicos o que los linchamientos sean en contra de gobernantes corruptos o incompetentes con disfraz de prepotencia. Ahí va a comenzar la preocupación real.
Ejemplos de los anterior hay muchos, por falta de espacio solo se tocarán algunos, pero ellos son clave para entender la descomposición en la que nos encontramos como nación y como eso nos lleva a reacciones violentas en varios grupos sociales. El primer ejemplo pertenece al área de la macro economía pero que redunda directamente en descontento social, aunque no se tenga un saber profundo en el área. Cuando se aprobó el paquete fiscal para el presupuesto del año 2010 se hizo notar que abría un “boquete” muy grande entre ingresos y egresos, su solución: aumentar impuestos para que la población pague ese “hoyo económico”.
Es para todos conocido los altísimos salarios de los funcionarios de Gobierno, inclusive, alcanzando niveles exorbitantes como las remuneraciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es justo que un asistente cobre entre doscientos mil y trescientos mil pesos mensuales. ¿Dónde radica la injusticia?, muy simple: en que el salario mínimo en México es de cincuenta y siete pesos diarios, en algunos casos más de ocho horas de trabajo. Todo ello con los impuestos que paga el pueblo.
Los salarios gubernamentales están fuera de toda proporción, la economía del país no puede aceptar una sangría de esa manera. Hay otras áreas donde se necesita mayor atención y eso no sucede, aquí radica el inicio de la descomposición social, al comparar la situación de los funcionarios públicos con la propia de cualquier ciudadano. La población trabaja mucho y apenas tiene lo necesario, ellos cobran mucho y la realidad nacional es que parece que no trabajan.
Esta impunidad económica se junta con al menos dos situaciones más que obligan a la población a actuar conforme a la “ley de la selva”, sin marco legal que respetar y actuar solo en beneficio propio y de su familia, no importando si hay violencia. Nace la impunidad social, cada quién hace lo que se le parece, comienza la organización para delinquir al darse cuenta que las autoridades judiciales y policiales no hacen adecuadamente su trabajo aunque cobren mucho dinero mensual. El crimen organizado (en muchas facetas no solo en el narcotráfico) es parte activa de la economía del país, los tratos ilícitos están en todos los niveles.
La incapacidad intelectual de los funcionarios de gobierno los lleva a la otra área que demuestra los niveles de descomposición social en los que vivimos: la corrupción. La burocracia actúa conforme a intereses económicos, siempre y cuando los pueda mejorar tendrá su actuación como funcionario, por lo tanto esta aliado con quienes lo pueden corromper. Él no defiende a quién votó por su ideología sino a quien puede comprar su conciencia con algún beneficio o prebenda económica o de otro tipo.
El crimen organizado y la inseguridad que ello representa ante la población es algo que institucionalmente ha ido creciendo con el tiempo, Gobierno que lo ha dejado crecer con omisiones. Ahora la sociedad se encuentra sin protección, acorralada en lo económico: mucho trabajo, poca paga. Acorralada en lo social ante la corrupción: si no tienes dinero, te jodes y además, cercada en lo judicial: sin acceso a una justicia equitativa o mínimo a la seguridad personal. Es un hecho la sociedad esta buscando salidas.
El título de esté artículo es sobre terrorismo social y éste son esas prácticas sociales para hacerse escuchar, los “petardazos” en las últimas horas del año 2009 están ubicados en ese sentido. También el incendio de varios automóviles y la explosión de un artefacto en la Delegación Coyoacán del DF, por la zona de la carretera al Ajusco. Sin embargo, estamos en un periodo de aprendizaje, ya que México no tiene cultura del armamento y menos a nivel social, por ello lo mínimo de los daños.
Hasta ahora han sido artefactos sin poder de detonación, solo han sido vidrios, muebles, fachadas y automóviles cercanos al lugar de la explosión. Los daños no fueron considerables; pero esos no son los únicos casos de terrorismo social. Ahí se inscriben los robos a trenes con alimentos, un saqueo total pero de trigo, maíz y otros alimentos básicos para la población. Se habla de armas si, pero también se menciona gente del pueblo ejecutando la acción. La población esta buscando salidas a su desesperación, no importando si perjudican a otro, en este caso algo de lo robado se come pero lo demás se vende o se utiliza para satisfacer necesidades.
Los linchamientos son un ejemplo vivo del llamado terrorismo social, cada vez más se recurre a esta práctica para hacerse justicia, ya no por “propia mano”, simplemente hacer justicia entre ellos, porque saben que la Procuraduría no lo hará. Ha habido casos en que siendo liberados por la policía del linchamiento, a las pocas horas están libres, aún cuando fueron tomados en flagrancia del delito. La gente quiere justicia y la va a tener aunque sea por “propia mano”, ello porque no se puede confiar en la autoridad responsable de aplicar la ley.
Así, esas salidas a la problemática nacional se volverán cada vez más violentas por parte de grupos sociales completos, tendrán que buscar una posición ante la sociedad, cosa que el Gobierno le ha negado por siempre. Ojala no encuentren la fórmula para mezclar productos químicos o que los linchamientos sean en contra de gobernantes corruptos o incompetentes con disfraz de prepotencia. Ahí va a comenzar la preocupación real.
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