La historia tiene su peso y debido a la teoría de la gravedad todo cae a tierra, sin importar de que tamaño sea la mentira, siempre se sabe la verdad; ayer cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la expropiación del predio “El Encino” el destino cumplió una promesa de clarificarla. Seis años después la verdad histórica le dio la razón a Andrés Manuel López Obrador, al descubrir, así como evidenciar toda la telaraña de pruebas y testimonios inventados para desaforarlo en 2005.
Desde el primer momento que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó a despuntar entre los futuros candidatos a la Presidencia para la elección de 2006, la Presidencia de la República se empeñó en bloquearlo. El clímax fue a finales de 2004 y abril de 2005 cuando el proceso de desafuero se instauró a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de AMLO, liderada por Carlos Vega Memije y Rafael Macedo de la Concha.
Así el 4 de abril de 2005 se cerró el círculo y AMLO se convirtió en el primer gobernante mexicano en ser desaforado por acciones de gobierno, aunque muchas de las acusaciones sobre ellas eran endebles sin sentido alguno. Ya que la comisión Instructora de la Cámara de Diputados nunca revisó a fondo el expediente donde las pruebas presentadas no tenían valor alguno.
Veamos la historia: El Gobierno del Distrito Federal (GDF) expropió el terreno conocido como “El Encino” en la zona de Santa Fe, en su parte poniente el predio colinda con el Hospital ABC. La intención era crear una vialidad para conectar la Avenida Vasco de Quiroga con la parte trasera del terreno y así llegar al hospital de manera pronta. La utilidad pública estaba probada, aún cuando los detractores decían que era una institución hospitalaria privada y por eso “no merecía el acceso”.
El dueño del predio “El Encino” se fue a varios juicios en diversas instancias judiciales, hasta que un juez federal declaró el desacato del GDF por “no detener” a tiempo el trascabo del terreno expropiado por causas de utilidad pública; aunque se comprobó que solo había dejado maquinaria estacionada pero sin trabajar posterior a la orden de juez. Por ello la PGR consignó el expediente a la Cámara de Diputados para comenzar el proceso de desafuero en contra del Jefe de Gobierno (AMLO).
Luego se anexaron documentos que “probaban” la imposibilidad de acceso al terreno por el “desacato” del Jefe de Gobierno, aunque esto fue de risa loca, ya que cuando los Diputados de la Comisión Instructora hicieron una visita al predio en cuestión resultó que entraron a él y hablaron con el vigilante; con la anécdota que uno de ellos casi es mordido por un perro. Aún así le dieron la razón al dueño con la teoría de la afectación de los accesos para proceder con el desafuero.
Un día comenzó a circular la especie de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba involucrado en el tema del desafuero y que con sus influencias estaba desvirtuando la defensa del entonces Jefe de Gobierno. El Presidente Fox intervino para hacer valer la palabra de Mariano Azuela Güitrón quién juraba que no podía intervenir por ser un proceso del poder legislativo, dónde él no tenía atribuciones.
Así la verdad histórica comenzó a manifestarse cuando a menos de siete días de ejecutado el desafuero, Vicente Fox tuvo que despedir a Rafael Macedo de la Concha como Procurador y a Vega Memije como subprocurador, por su mal desempeño durante el proceso de desafuero. Luego se manejó que Mariano Azuela había asesorado al Presidente Fox durante todo el proceso, incluso el Presidente de la SCJN tuvo que reconocer que efectivamente había participado en ello, aún cuando la ley no le daba atribuciones, como él mismo lo había manifestado.
Ahora la verdad histórica esta completa: Andrés Manuel López Obrador nunca debió ser desaforado. La complicidad mentirosa de Diputados, Procurador, Subprocurador, jueces, peritos, el Presidente de la SCJN, incluyendo la de la República y otros tantos actores políticos quedaron descubiertos en sus mentiras, incluyendo las malas prácticas judiciales y legislativas en el periodo 2000 – 2006. Acciones políticas con tintes legales para sacar de la jugada electoral a quien debieron hacerle fraude para vencerlo a costa de más de 50 mil muertos y un saqueo interminable de las arcas públicas.